El pasado miércoles día 7 de agosto, se reunió la Asociación de Afectados del Life Resort (actualmente Santara Resort) con la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, el concejal de Hacienda, José Pedro Martínez y la de Urbanismo, Trinidad Ortiz, para hablar de la problemática que aún permanece en torno al Santara Resort, en Gran Alacant.
A grandes rasgos, el principal problema que gira en torno a las instalaciones del resort es que éstas se hayan en suelo calificado de socio-sanitario, por lo que, al ser para uso asistencial, el precio del terreno fue mucho menor que para uso residencial u hotelero.
Los afectados compraron la “copropiedad con derechos de servidumbre”, teniendo cada propietario su apartamento e incluyendo una serie de servicios los cuales, en palabras de la Asociación, “no se cumplen”.
Desde la Asociación destacan que “además, los propietarios del complejo lo están utilizando como hotelero, ofreciendo los apartamentos a cualquier persona sin el mínimo de edad requerida para su uso, ni la condición”. Los propietarios, aclaran, no se niegan a que “el Santara Resort se convierta en hotel, pero primeramente deberían negociar sus servidumbres para ,posteriormente solicitar al Ayuntamiento el cambio de uso, abonando la diferencia de precio”.

Escuchar a ambas partes
En la reunión mantenida, la Asociación comunicó a los representantes del Consistorio todos los pasos que habían seguido durante la pasada legislatura y la situación actual del complejo. Por su parte, los ediles se quedaron con toda la documentación aportada para analizarla detenidamente y ver en qué situación se encuentra todo. En base al estudio posterior de la documentación, “se tomarán las decisiones oportunas” emplazando la reunión para después de Fiestas. El equipo de Gobierno, además, se reunirá con los propietarios del Life Resort para escuchar su punto de vista.

Denuncia
Los afectados comunicaron a alcaldesa y concejales el “descontento de estos últimos cuatro años, llegando incluso a denunciar al Ayuntamiento y a la propia alcaldesa Yolanda Seva, junto a dos ediles mas, por un supuesto delito de prevaricación administrativa”.
En marzo de 2016, los afectados se encontraron con que el Gobierno de Yolanda Seva “había archivado el expediente, dejando así caducar el expediente sancionador por el incumplimiento del pliego de condiciones que había incoado la anterior legislatura de Miguel Zaragoza. En este expediente sancionador se exigía el cumplimiento de las condiciones impuestas en el contrato de compra-venta de la parcela municipal en la que está instalado”.
Un contrato de compra venta, recuerdan, en el que se dejó el suelo en ventajosas condiciones, al estar calificado de socio-sanitario. Esta calificación obligaba al adquiriente a “prestar este tipo de servicios, no pudiendo realizar venta o división horizontal de las mismas, como si de un complejo de apartamentos se tratase”.
En esta incoación de expediente se pedía que se rescindan los contratos de servidumbre de uso personal y perpetuo que han dado lugar a la constitución de derechos de residencia permanente sobre determinados elementos del conjunto.
En estos momentos los propietarios del complejo están solicitando las licencias oportunas de las “que no disponen desde que abrieron”, apuntan desde la Asociación, quien también añade que “todas ellas están relacionadas con el verdadero uso que se le tendrían que estar dando, pero nada que ver con el uso hotelero, ya que para ello tendrían que modificar primero el uso del suelo y llegar a un acuerdo con los afectados”.