En el pleno ordinario del mes de mayo el equipo de gobierno de Santa Pola propone delegar en la Diputación (SUMA) la recaudación de determinados ingresos y de las facultades relativas a la gestión y recaudación de las sanciones por infracción a la ley de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial. Es decir, privatizar más servicios, esta vez de recaudación directa por el Ayuntamiento.
Cuando privatizamos algún trabajo de los que se están realizando directamente desde nuestro Ayuntamiento, estamos expresando la incapacidad del Consistorio de llevarlo adecuadamente. Es como una derrota, o un tirar la toalla del responsable del servicio a que afecta, del concejal responsable del área, y por consiguiente del Alcalde. Y eso es lo que nos llega en el Pleno del viernes último de este mes. Determinadas recaudaciones que realizaba hasta ahora el Ayuntamiento directamente van a ser cobradas por un tercero.
Algunas privatizaciones de las que se han hecho hasta ahora se han defendido por sus promotores con que se necesitaba alguna especialización de la cual carecía el Ayuntamiento (agua potable, alcantarillado, residuos sólidos...). Pero en este caso, esa postura no es defendible, ya que para cobrar una deuda el Ayuntamiento tiene personal competente y los recursos necesarios para realizarlo perfectamente.
Desde Compromís somos partidarios de mantener los cobros que se quieren transferir, por dos razones: porque tenemos los recursos humanos e informáticos para ello, y porque tanto la gestión de cobro en período voluntario, como los recargos por recaudación ejecutiva van a ir a parar al bolsillo del tercero y dejar de ingresarse en nuestro Ayuntamiento. No entendemos cómo, en un momento en el que el presupuesto ordinario del Ayuntamiento (ingresos fijos y gastos fijos) es tan difícil de equilibrar porque los gastos superan a los ingresos, se puede privatizar un servicio y reducir aún más los ingresos, desequilibrando aún más el presupuesto.
Por otra parte, queremos recordar a los responsables citados en el primer párrafo que el que se quiera a partir de determinado momento gestionar el cobro desde fuera del Ayuntamiento no soluciona el agujero económico que existe en la recaudación ejecutiva, que hemos solicitado conocer desde hace dos años y que es un misterio insondable para nosotros, porque no se nos da ninguna información sobre ello. Otro fracaso.
En nuestras solicitudes de información sobre recaudación ejecutiva hemos indicado que el agujero económico es de 3 millones de euros (500 millones de pesetas aproximadamente), dato que nunca han desmentido, ya que en ese tema están actuando como en el del parking: nos ocultan la información y nos enteraremos en el último momento, cuando es un hecho consumado la deuda que hemos de pagar entre todos.
Desde aquí sólo pretendemos solicitar una reflexión tanto a los responsables del servicio que se proponen privatizar como al resto de responsables económicos ajenos a las recaudaciones, y plantearles a todos los implicados que se retire la propuesta del próximo pleno en el que se debe votar su aprobación o no.

Federico Zaragoza
Portaveu de Comprimís i regidor d’Iniciativa