No vamos a hablar del negociete, o negociazo, que se han montado unas cuantas comunidades con la lengua. Tampoco de la frontera artificial que se está generando dentro de una Europa unida. O de la barrera a la movilidad laboral cuando uno tiene críos en ciertas edades escolares, cuando se juegan su futuro a una nota. Ni mucho menos diremos una palabra sobre si hay que destinar más o menos medios para el aprendizaje de un idioma (que, por supuesto, es que sí. Siempre).
Lo que hay que discutir es la valía, o no, de un decretazo escrito, revisado y aprobado a correprisas. Con más parches que soluciones. O quejas al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de la Comunitat Valenciana). Todo será que, a mitad de curso, debamos accionar el freno de mano, derrapar estilo El Vaquilla y volver a las líneas.
Clama al cielo que, por el aplauso a la libertad de elección (a la cual cual también nos sumamos, siempre), vayamos a perder oportunidades. De todos los centros educativos de Santa Pola, sólo uno imparte Avanzado 2. Es decir, el máximo nivel de titulación (B1 en Inglés y C1 en Valenciano –el Mitjà-) al fin de la etapa educativa. 28 plazas para 317 personas nacidas en 2014. Hagan cuentas de la pelotera. Ni las entradas para los Rollings.
Sin embargo, en un ejercicio de tolerancia, algún/a iluminado/a en Valencia ha tenido la brillante idea de imponer a los trabajadores de la Administración autonómica en qué idioma han de iniciar la conversación. ¿Censura previa? ¿Asalto a la libertad de expresión? ¿Compulsión sobre las personas? NO, defensa de la lengua. Aaaaaah, perdón. No sabíamos que para defender algo hay que cargarse libertades. Va a ser ahora que los que andan liándola parda por el oriente medio son unos amantes del libre albedrío.
Si te vas a poner talibán, al menos genera oportunidades. Sé coherente y reconoce la ‘empastrà’. Defensa del Valenciano (sí, con mayúsculas), siempre. Imponerlo porque te cause erotomanía, pues va a ser que no.