Según informan las Delegaciones Sindicales de CSIF y SEP de la Policía Local de Santa Pola, la alcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Yolanda Seva, ha abierto expediente a los dos principales sindicalistas de este cuerpo “por hechos de hace más de 10 años, y que nada tienen que ver con el servicio policial”, declaran.

“De este modo”, argumentan, “Yolanda Seva trata de acallar las protestas generalizadas por la mala gestión de la Policía Local de cara a la próxima campaña electoral”. Califican la situación que está atravesando la Policía Local de la villa marinera como fruto de una “pésima gestión y reparto de caramelos a “amiguetes” como forma de llevar un cuerpo de policia”. Añaden que las acciones emprendidas por la cabeza del equipo de Gobierno local “ha provocado que más de un tercio de la plantilla haya solicitado el traslado a otros municipios, algo nunca visto en la historia del municipio, incluido el actual Jefe-Accidental”.

En el comunicado remitido a este medio de comunicación exponen que “si Yolanda No “Sevá”, se marcharán muchos policías, una buena parte del valor humano de esta fuerza de seguridad, profesionales que han dado lo mejor de sí al servicio de nuestro pueblo, y que trabajan al margen de cualquier afinidad política”.

Los representantes sindicales, declaran que “intentan ser amedrentados por estas maniobras, cercanas a la campaña electoral”, y quieren hacer público que seguirán trabajando para que Santa Pola tenga “la Policía que se merece”, como han venido haciendo desde hace tantos años.

Gastos en controles
En otro orden de cosas, y a tenor de las informaciones publicadas recientemente en este periódico, las delegaciones sindicales quieren puntualizar que “cada control que realiza la Policía Local cuesta a las arcas municipales un mínimo de 2.500 euros en horas extras, sin contar con el gasto de material y demás”. Argumentan que, hace dos semanas, cuando se llevó a cabo un dispositivo de estas características, “a la misma vez que se hacia el control, robaron en dos viviendas de Avenida de Portugal”.

Quieren exponer la “casualidad de que, cada vez que se organizan estos controles, con horas extras, siempre es en la semana que libran los amigos del político y del jefe nuevo, por lo tanto, acuden a montar los controles cobrando horas extras y no realizando estos dentro de la bolsa de horas anual que tienen acordadas entre sindicatos y Ayuntamiento”. De ejecutarse este tipo de medidas preventivas “dentro de la bolsa de horas, no supondría un cargo extra a las arcas municipales”, explican.