VIVIENDA
 

Esquerra Unida destapa la ‘jugada’ de los bancos con los desahucios

 
Viernes 19 de abril de 2013 0 comentarios
 

La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de la residencia provocada por un desahucio y una deuda arrastrada de por vida, supone “la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social”, así lo plantea Esquerra Unida de Santa Pola. “Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico no permite el uso “antisocial de la propiedad”, ni el especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto ni las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario”.
Por tanto,aseguran que el uso como mercancía que se ha venido haciendo “por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias”, es indebido, estando los poderes públicos obligados a evitarlo. Para esta formación, utilidad individual y función social de los hogares componen “de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad”.
Es para EU la función social aquella que garantiza una vivienda digna, “siendo la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas”. Casi 300.000 familias están afectadas por desahucios “con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda”, algo completamente inaceptable para la formación.

Un gran entramado

Mientras tanto, aseguran que las entidades financieras atesoran propiedades, “adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio”. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, “incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía”.
Para ellos, esta situación puede ser calificada como “emergencia social y económica a adoptar medidas extraordinarias y urgentes, si es que quieren acatar el ordenamiento constitucional”.

 

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