El caso CIEGSA, la empresa que se creó para adjudicar la construcción de infraestructuras educativas, es, para Compromís per Santa Pola, “una de las tramas de corrupción y saqueo más graves que hemos sufrido en nuestra tierra. Además de suponer un cauce para una desviación sistemática de dinero”, según está saliendo ahora a la luz. Recogen un informe de la Intervención de la Generalitat, que arroja que las obras acabaron teniendo unos sobrecostes de un 36%, “es decir, más de mil millones de euros que se despilfarraron de forma irresponsable y que, en la mayor parte de los casos, tenían una finalidad de comisión que apunta a la presunta financiación ilegal del Partido Popular”.

Cuatro centros
En el caso de Santa Pola, hay cuatro infraestructuras que están “bajo sospecha”: el IES “Santa Pola”, que tuvo un sobrecoste de 622.038,22 euros, un 12%, adjudicado en 2002; el CEIP “Virgen de Loreto”, con un sobrecoste de 1.884.738,78 euros, un 55%, en 2006; el IES “Cap de l’Aljub”, que sufrió un enorme retraso de su necesaria reforma “para acabar cayendo en las manos de CIEGSA”, con la consecuencia de un sobrecoste de 1.178.805,38, un 27%, en 2007; y el CEIP “Vicenta Ruso”, en Gran Alacant, que experimentó un sobrecoste de 1.418.769,41 euros, un 30%, en 2007 también.
“Los sobrecostes totales de CIEGSA en Santa Pola”, declaran, “suman, en solo cinco años, la escandalosa cifra de 5.104.396,79 euros”, con una desviación media de +31%.
En palabras de Anna Antón, Portavoz del Grupo Municipal de Compromís per Santa Pola, “se ha obligado a centenares de santapoleras y santapoleros, como yo misma, a utilizar innecesariamente barracones durante sus estudios en la escuela o el instituto por culpa de la corrupción y el saqueo”.

Pedir perdón
En este sentido, Antón ha instado al PP de Santa Pola a pedir perdón “por haber intentado desviar la atención del pueblo, y por hacer publicidad constante de las supuestas buenas gestiones para conseguir dotaciones educativas en Valencia, por parte del alcalde Miguel Zaragoza, el concejal de Educación Tomás Martínez, o la actual diputada en el Parlamento del Estado, Loreto Cascales, entonces concejala de Gran Alacant”.
Para Antón, estas acciones “no fueron suficientes para conseguir el segundo colegio, necesario en este barrio, mientras se estaba transfiriendo el dinero público de las arcas de la Generalitat a los bolsillos de importantes cargos y miembros de su partido. Un escándalo imperdonable”.