POLICÍA LOCAL
 

El Juzgado de Elche anula el cese de un inspector que realizó el anterior equipo de gobierno

 
Miércoles 28 de octubre de 2020 0 comentarios
 

A principios de octubre el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Elche ha dictado sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Santa Pola, anulando el Decreto nº 783/2019 en el que se cesaba al funcionario de su cargo, habiendo sido firmado por el tránsfuga Ignacio Soler en su entonces condición de teniente alcalde, que formaba parte del gobierno liderado por la socialista Yolanda Seva. El juzgado ordena al Ayuntamiento a que en un plazo máximo de tres meses devuelva al inspector a su plaza, debiendo abonarle los sueldos dejados de percibir, más los intereses legales de demora.

En opinión del sindicato los hechos ocurrieron de la manera "más vil posible, tanto en las formas como en el fondo. Debemos remontarnos a la navidad del año 2018, donde y mientras el inspector se encontraba de vacaciones, el Gobierno liderado por Yolanda Seva tomó la decisión de cesarlo, aludiendo entre otras y en palabras del entonces Concejal de Personal y Policía, el socialista Antonio Pomares a que “…era una vergüenza y un incumplimiento de sus obligaciones…; que tenía que hacer las memorias técnicas cuando él se las pedía porque era su obligación…”".

Estos hechos fueron el detonante de la primera y única manifestación de la Policía Local de Santa Pola en toda su historia, en señal de protesta no sólo por el cese des inspector, sino para poner de manifiesto las constantes interferencias (expedientes, denuncias etc) que el colectivo venía sufriendo según el sindicato. En esa situación, en vez de que la ex alcaldesa buscase soluciones, desembocó en que se incoase un expediente de revisión del nombramiento de otro funcionario, “lo que lejos de calmar las aguas supuso incrementar aún más la tensión y el malestar en el seno del colectivo”.

Solicitan a Ignacio Soler que pida perdón públicamente

En el Pleno Ordinario celebrado el mes de enero de 2019 a través de una moción el portavoz del Partido Popular, solicitó la revocación del cese aludido al entender que éste no se ajustaba a derecho, "el tránsfuga Ignacio Soler profirió “lindeces” de las que tristemente el pueblo de Santa Pola se tuvo que acostumbrar".

Tal decisión sin precedente en la Policía, sometió especialmente a la persona del funcionario cesado a una situación casi de escarnio público, que además de inmerecida resultó no ajustarse a derecho tal y como pone de manifiesto la jueza. Recogiendo en la sentencia que los hechos motivadores del cese, no respondían a criterios racionales, y que la exigencia de esos informes no eran objeto de su trabajo ni de su nombramiento según el sindicato.

Por otra parte, desde el sindicato instan al ex Teniente Alcalde firmante del Decreto, y ello a pesar de su notorio descrédito en opinión de CSIF, a que realice un alarde de coherencia en su discurso, y que públicamente pida perdón al Inspector y a su familia. Preguntándose desde el sindicato, “de qué manera piensa responsabilizarse de este acto”.

Yolanda Seva no impidió el cese y Antonio Pomares lo tildó de vergonzoso

Desde el sindicato aclaran, “en alusión a las palabras del ex concejal Pomares cuando tildó de vergonzoso el comportamiento del Inspector, que lo que realmente resultó vergonzoso fue, en opinión del sindicato, el tratar de maquillar su incapacidad para gestionar la Policía, señalando a un funcionario que ajustó sus actuaciones a derecho. Pero aún más sonrojante fue la decisión de cesarlo, pues además de ilegal, con la misma se cercenaron los derechos de un trabajador que, únicamente se negó a extralimitarse en sus funciones. ¿Sr. Pomares acaso el jefe que ustedes nombraron de su confianza materializó esos expedientes?”.

En cuanto a las afirmaciones que puso de manifiesto la ex alcaldesa socialista Yolanda Seva, en las que trató de teñir de sospechosas las reivindicaciones policiales, desde el sindicato le recuerdan que la Policía defendió que este funcionario en todo momento actuó conforme a la legalidad, “no cediendo a las pretensiones de lo que entienden únicamente respondía a caprichos políticos del equipo de Gobierno de la que la Sra. Seva fue la máxima responsable. Pues como se ha evidenciado el Inspector no tenía obligación alguna de realizar lo que se le exigió”.

El sindicato entiende que la socialista debió impedir el cese, “y sin embargo no lo hizo, sin importarle la trayectoria y profesionalidad del funcionario, ni el daño que su decisión, al menos consentida, comportaría. Y lo que es aún mas grave si cabe, y todo ello por cumplir el funcionario con su obligación. Desde el sindicato se preguntan: ¿por qué el vehículo de alcaldía se renovó sin mayor problema, pero en cambio en cuatro años fueron incapaces de renovar la flota de vehículos policiales, comprar chalecos, linternas etc?”.

UGT apoyó la medida declarada ilícita

Por último desde CSIF recuerdan que “lamentablemente el cese fue apoyado por UGT, entonces liderado en la Policía por el chófer-escolta de la líder socialista. Todo ello ante la oposición y el asombro de la totalidad del resto de sindicatos. Pues era un hecho insólito que una persona sindicalista, lejos de defender los intereses de un trabajador, apoyase tan desproporcionada y judicialmente hoy declarada, ilícita medida”.

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