La portavoz socialista hizo críticas personales sobre la adjudicación de la RPT

La concejala de Hacienda Ana Blasco ha querido cortar de raíz las insinuaciones vertidas por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Lafuente, acerca de la adjudicación de la reclasificación de puestos de trabajo (RPT), de cuya mesa de contratación Blasco fue presidenta y ha avanzado que “es este equipo de gobierno el que, por coherencia, justicia y dignidad, ha aprobado, en comisión de gobierno extraordinaria y urgente celebrada hoy mismo, entablar las acciones judiciales penales contra Dña. María Lafuente para salvaguardar los derechos al honor y evitar que queden impunes sus manifestaciones gratuitamente realizadas. La Sra. Lafuente cree que en política vale todo, pero no es así. El respeto a las instituciones y a las personas que trabajan en ellas es algo que debiera haber aprendido hace ya años”. Así, en una nota de prensa la portavoz del PSOE, María Lafuente, señala que su grupo denunciaba que el Ayuntamiento contratará por primera vez a una consultora de un ex diputado provincial del PP para hacer una reclasificación de puestos de trabajo y critica “la poca ética de los populares ya que el empresario mantiene una amistad manifiesta con la edil Loreto Serrano”.
María Lafuente señala que “el equipo de gobierno creó por primera vez una partida presupuestaria en 2008 de más de 33.000 euros para este objeto y justo un mes y medio el ex dirigente creó la empresa”. Lafuente ha explicado que el equipo de gobierno llamó a tres empresas por el procedimiento negociado sin publicidad. Dos de ellas fueron rechazadas y en la mesa de contratación los concejales del PP le adjudicaron el contrato a la empresa del ex diputado popular “sólo con los votos a favor del PP”. Ana Blasco señala que“la RPT es una necesidad constatada desde hace más de diez años y firmemente demandada por los funcionarios municipales, luego no es nada extraordinario el que se haya consignado una partida presupuestaria para contratar dichos trabajos. Y el pretender que dicha responsabilidad municipal se haya llevado a cabo con el fin de contratar a un empresario militante del PP, que libremente es titular de una empresa que accede a un procedimiento legalmente establecido en igualdad de condiciones que cualquier otro empresario, es un pensamiento absolutamente insidioso, ridículo y necio, porque obvia el que el Ayuntamiento tiene la obligación de hacer la RPT, es decir no es una decisión arbitraria ni siquiera discrecional, y desconoce totalmente el derecho de libre empresa y que lo esencial es que la contratación se produce dentro de un procedimiento legal”.