Compromís per Santa Pola ha pedido reiteradamente los informes de morosidad al Ayuntamiento de la localidad, que, según la formación, “no los proporciona desde el primer semestre de 2012 pese a que debe hacerlos llegar a los diferentes representantes políticos en virtud de la ley que los ampara y de la transparencia de la que tanta gala hacen desde que tienen a buena parte de los cargos de su partido inmersos en procesos de corrupción”.
La legalidad estatal establece, en su pretensión de enfrentar la morosidad en las relaciones comerciales de la Administración, el deber de los tesoreros municipales de realizar un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos estipulados para el pago de las obligaciones de cada entidad local. El desglose, de esta manera, debe incluir los casos pendientes de cobro en los que se estén incumpliendo dichos plazos.
Por otra parte, la Intervención General de Estado publicó el 23 de marzo de 2011 una guía para preparar estos informes que los gobiernos locales deben remitir al Ministerio de Economía y Hacienda. Por ello, y dado que “lo solicitado sigue sin llegar”, Compromís ha pedido a Joan Baldoví, representante electo por esta formación en el Congreso de los Diputados, que obtenga del ministerio mencionado, en cumplimiento de la Ley 15/2010, la documentación requerida por el grupo de la oposición relativa al periodo comprendido entre el primero de enero de 2012 y la fecha actual.