El Ayuntamiento de Santa Pola ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la versión definitiva de la Ordenanza Municipal Sobre Parada y Estacionamiento de Autocaravanas. La Plataforma de Autocaravanas Autónoma y la Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas presentaron varias alegaciones y se han estimado dos de ellas. Así, aunque se mantienen las 48 horas como tiempo máximo de estacionamiento, se anula el artículo 2.3 que decía que “ocupar una zona distinta dentro del municipio a la ya ocupada transcurrido el plazo de 48 horas se considerará un incumplimiento de duración del estacionamiento” porque constituiría una limitación a la libertad de circulación reconocida constitucionalmente.
También se eliminan dos puntos del artículo 8 en el que se establecían infracciones y sanciones por estacionar en el dominio público marítimo terrestre ya que esto excede de las competencias municipales ya que la Ley de Costas establece que es la Administración Central la competente.
Asimismo, se ha corregido un error material en cuanto a las sanciones. La Ordenanza se publicará ahora en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda entrar en vigor.
Al comienzo de la sesión ordinaria de mayo, el PSOE manifestó su intención de votar en contra de la aprobación de las actas del pleno del mes anterior, porque según su portavoz, Joaquín Sempere “no recogen ni sucintamente lo expuesto por la oposición e incluso hay algunas intervenciones del alcalde que no se entienden ya que no se sabe a qué responden”. Tras la sugerencia del alcalde, Miguel Zaragoza, la aprobación se dejó encima de la mesa para que los socialistas indicaran qué se había excluido del acto y lo que estaba dimensionado de manera exagerada.
Se aprobaron doce expedientes de restitución de la legalidad urbanística con los votos a favor de los ediles del PP y Compromís y la abstención del PSOE. El concejal de EU, José Piedecausa, no asistió al pleno porque estaba hospitalizado.
Por unanimidad se aprobó el compromiso de la corporación para la elaboración e implantación del plan de igualdad y creación de la comisión paritaria del plan de igualdad.
El PSOE presentó una propuesta para que se pagara a las asociaciones locales lo que se les adeuda de los convenios de 2011. El edil de Hacienda, José Pedro Martínez, informó de que desde finales de febrero se han mantenido reuniones con las distintas entidades y “esta petición no procede porque lo vamos a hacer, se va a pagar todo lo anterior, la solución ya está tomada. La edil socialista María Lafuente insistió en que mantenían su propuesta porque “lo que solicitamos no está realizado”. El alcalde replicó que todas las asociaciones ya han cobrado y que “una vez hablado con todas las asociaciones se llegó al pacto de que las cantidades pendientes hasta llegar al 100% se pagaría en el 2012 y en el 2012 se pactarían las cantidades máximas; en los presupuestos de 2012 estarán incluidas ambas”. Lafuente insistió en que algunas asociaciones que se habían puesto en contacto con su grupo municipal aún no habían cobrado, aunque no quiso desvelar cuáles eran “por razones obvias”. La propuesta se rechazó con el voto en contra del PP, la abstención de Compromís y el voto favorable del PSOE.
El PP también votó en contra, y por tanto se rechazó, de otra propuesta del PSOE para que el edil de EU estuviese en la comisión paritaria del CIMAR. Alegaron desde el equipo de gobierno que no es que no quieran ampliar el número de personas, sino que “las formas no son las adecuadas porque a la concejal no le ha dado tiempo de preparar el expediente preceptivo y ya que no es urgente se puede postponer”. Tampoco se aprobó una moción de Compromís sobre la denominada “amnistía fiscal” del Gobierno de Rajoy.
Fuera del orden del día se aprobó por unanimidad un expediente para la concesión administrativa de un quiosco y una zona de alquiler de hamacas y sombrillas en la playa de Vatasa.
“Es una forma de generar, si es posible, puestos de trabajo y recursos para gente que pueda estar en el paro dotando de actividad a una playa que no la tiene y poniéndola en valor”, esgrimió la edil de Playas, Loreto Serrano.
El PSOE solicitó la relación de las facturas del plan de pago a proveedores municipal y el edil de Hacienda replicó que no podía facilitarlas ajustándose a la Ley de Protección de Datos. “Soy representante municipal y puedo consultar esa relación, lo que no crea conveniente, táchelo”, replicó María Lafuente.
José Pedro Martínez señaló que las facturas primer trimestre aún no estaban preparadas por el departamento correspondiente y que el dato de la deuda que la Generalitat Valenciana mantiene con e Ayuntamiento se le facilitaría al PSOE acudiendo al departamento de Intervención.
El corte de luz en las calles privadas de la urbanización Panorama también salió a relucir en el pleno. “Llevan nueve años gobernando, no se puede destinar dinero de los impuestos de todos a unos cuantos. En 9 años no se ha enterado de nada o se ha enterado y lo han dejado, en nueve años debían haberlo sabido”, indicó María Lafuente. “Tuve conocimiento a raíz de un estudio de eficiencia energética
Es muy difícil deshacer los embrollos urbanísticos de esos años de Conejero”, señaló la edil de Urbanismo, Lola Gadea, quien recordó que fue el ex alcalde socialista quien autorizó que el Ayuntamiento pagara las facturas, sin informe técnico alguno, aún sabiendo que las calles eran privadas.
El PSOE preguntó sobre los problemas que los usuarios del Parking del Castillo han denunciado. “Se está trabajando en los estatutos. El hecho de que se cambie el horario sin comunicación, me parece anómalo”, reconoció el alcalde. Lafuente se interesó sobre una propuesta de Generala de ceder el aparcamiento al Ayuntamiento. El alcalde le indicó que la solicitud por escrito no le había llegado, pero la empresa se la hizo de forma personal en una reunión y “la respuesta fue que no”.
Por último, el edil Franciso Martínez le preguntó a Miguel Zaragoza si el Ayuntamiento se personó como acusación particular en el procedimiento contra el ex recaudador y el alcalde le replicó que “el Ayuntamiento puso en conocimiento del juzgado los hechos ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas para que pudieran ver si había algún hecho constitutivo de delito.