URBANISMO
 

Admitida a trámite la querella de los afectados del Life Resort contra el Ayuntamiento, la alcaldesa y los ediles Alejandro Escalada y Antonio Pomares

 
Viernes 19 de enero de 2018 0 comentarios
 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha admitido a trámite la querella por supuesto delito de prevarican administrativa presentada por la Asociación de Residentes Usuarios y Afectados del Complejo Santa Pola Life Resort contra la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, el concejal de Urbanismo, Alejandro Escalada, el concejal de Contratación, Antonio Pomares y el propio Ayuntamiento de Santa Pola. De este modo, se da un paso más en el complejo y duradero proceso, que ha enfrentando desde al año 2012 a las tres partes afectadas, como son los vecinos y usuarios, el consistorio santapolero y los gestores del complejo, conocido comercialmente, desde hace dos años, como Santara Resort.
Esta decisión el Juzgado de Instrucción ilicitano, comunicada a las partes a finales de noviembre pasado, acepta, por tanto, la denuncia presentada por los afectados en octubre de 2017. En esta querella criminal por el posible delito de prevaricación, los usuarios del complejo entienden que “el Ayuntamiento y las personas que están a su cargo están incurriendo en dejación de funciones”, ya que a su criterio, su inacción ha derivado en “un delito de prevaricación en comisión por omisión, regulado por el Código Penal, según el cual serían sancionados la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
Cabe recordar que la parcela municipal de 90.000 metros cuadrados, fue vendida para ser destinada “única y exclusivamente a uso sanitario asistencial” según recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santa Pola. Además, según el convenio establecido con el Ayuntamiento, estas viviendas se destinaban a mayores de 55 años, discapacitados o menores de 55 años que necesiten tratamientos médicos y de rehabilitación específicos.
Para los afectados y para el propio Ayuntamiento (reconocido en decretos que forman parte de este expediente), este “complejo asistencial está siendo destinado a uso terciario/hotelero, incompatible con la ordenación urbanística vigente”. La prueba más evidente de esta utilización, denunciada desde hace años, es que los responsables del complejo han explotado (y siguen explotando) las instalaciones a través de páginas web especializadas en servicios turísticos y hoteleros, como Booking.com o TripAdvisor, donde recomiendan el complejo por ser “perfecto para vacaciones familiares”, sin especificar ningún tipo de limitación por edad.
Con esta querella, los afectados del complejo Santa Pola Life Resort quieren que se “restablezca a legalidad del complejo. Si la propiedad quiere destinarlo a hotel, que se ponga en contacto con los propietarios y llegue a un acuerdo”. En un principio, los afectados “compraron tiendas caras, por más de 200.000 euros, sólo por el derecho de servidumbre, no por la propiedad, que anunciaban como idílicas y que nunca han ofrecido los servicios prometidos. Años después, los personas mayores que han vivido allí se están marchando porque no están bien atendidos”.
En todo este largo proceso, se han puesto encima de la mesa evidencias como que el complejo “no dispone de licencia de apertura ni consta la comunicación de actividades, no ya solo para el uso previsto en el PGOE, de tipo asistencial, sino para cualquier otro uso”. Según explican los vecinos afectados, en el Pleno celebrado el 28 de septiembre de 2015, donde se archivó el expediente por incumplimiento contractual del uso asistencial y sanitario de esta parcela de Gran Alacant, el equipo de Gobierno Local defendió que el Ayuntamiento pretendía “seguir haciendo uso de salas municipales, aunque esas salas no tengan licencia. Quieren usar salas ilegales y lo dicen abiertamente”, asegura el portavoz de los afectados.
En un giro a los acontecimientos, en uno de los últimos decretos firmados por la alcaldesa, Yolanda Seva, con fecha de 6 de octubre de 2017, se incoa expediente de clausura del complejo Santa Pola Life Resort “por carecer de la perceptiva licencia de actividad”. Además, se conceden 15 días al titular de la actividad “para presentar documentos o alegaciones que considera conveniente”. Sin embargo, tres meses después, tal y como denuncian los afectados, “no se ha ejecutado este expediente y todo sigue igual. Por eso nos decidimos a presentar la querella contra el Ayuntamiento y sus responsables”, añaden.
Otra novedad surgida en los últimos meses consiste en que el Servicio Territorial de Turismo de Alicante, a finales de junio de 2017 dio de baja al complejo Santa Pola Life Resort dentro del Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas, donde figuraba “en la modalidad de conjunto de viviendas turísticas por carecer de licencia municipal de actividad”. La autorización de buena fe concedida por la Conselleria de Turismo durante unos años, que ha permitido al complejo operar con los clientes, se ha convertido en la apertura al titular de la empresa de otro expediente sancionador, incoado por el Gobierno Valenciano regulador de la Disciplina Turística.
A raíz de la admisión a trámite de la querella, los afectados han solicitado al Ayuntamiento de Santa Pola que se les mantenga informados de todas las incidencias que se produzcan en el proceso. Así mismo, también han reclamado a la Consejera de Turismo que adopte “nuevamente las medidas que estimen oportunas dirigidas a restablecimiento de la legalidad vigente”.

 
 

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