Gema Mollá es la persona que se encuentra al frente de los Servicios Jurídicos dependientes de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Pola. Una mujer más que atareada, si se tiene en cuenta que, en lo que va de año, se han tramitado 24 expedientes con intervención directa, “de los cuales diez aún están en tramitación, doce favorables y, lamentablemente, dos no favorables, al no reunir completamente los requisitos los afectados”. De los que sí han salido bien, mencionar que se han sacado para adelante tres alquileres sociales, cuatro daciones en pago, tres reestructuraciones de deuda y dos suspensiones de alzamiento de la vivienda, “en estos casos, residen en su inmueble, pero no pagan alquiler, al menos hasta mayo de 2015”.

Acudir lo antes posible

Mollá insistía en que es diametralmente importante acudir “antes de tener que dejar de pagar porque, tal y como está la normativa, hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo”. Este acuerdo, en definitiva, es lo que quieren las entidades bancarias, “entre otras cosas porque no desean más activos inmobiliarios”. Sin embargo, reconocía que lo más difícil cuando se negocia con ellos es llegar a acuerdos de reestructuración de deuda, “mucho más que conseguir una dación en pago, pero sí que hay que decir que están abiertos a la negociación”.

Empezar de cero

Aseguraba que “la gente no quiere perder su casa, pero hay muchas personas que, después de atravesar un infierno, lo que quieren es quitarse todo de encima y empezar de cero”. A veces y, sobre todo, cuando se ha llegado al punto de la ejecución hipotecaria, no es suficiente con que el afectado pierda su vivienda a favor del banco, “aquí hablamos de que habrían de hacer frente a una deuda que, en algunos casos, es millonaria. Por eso, recuerdo, siempre acudir a nosotros antes de dejar de pagar”.

Preguntada sobre el porqué se llega a este tipo de situaciones, sobre el porqué de no buscar ayuda antes, asevera que “porque no se han buscado los recursos óptimos y, sobre todo, porque aún hay un gran desconocimiento de las herramientas de que dispone el ciudadano”.

Del mismo modo, afirma que, desde su punto de vista, según han ido avanzado los tiempos y, gracias a la presión mediática, los bancos “están más sensibilizados”. También quería informar de que no todos los tiempos son iguales, “aquí depende mucho de la situación personal de cada uno de los afectados y la entidad bancaria con la que se trate”.

A nivel personal, recomienda “ponerse siempre en contacto con nosotros para resolver cualquier duda y, sobre todo, para planificar una estrategia de negociación con el banco. Siempre que ellos ven el interés negociador están mucho más abiertos a llegar a acuerdos, a encontrar una solución. Si existe una falta de comunicación, la entidad siempre entenderá que no hay voluntad de pagar y, por tanto, pondrán en marcha los mecanismos legales oportunos para ejecutar la hipoteca, con todo lo negativo que ello conlleva”.

El proceso de asesoramiento y acompañamiento a los afectados “es completamente gratuito, “exceptuando, eso sí, el coste de los documentos que tengan que aportar de su parte, tales como certificados del Registro de la Propiedad, por ejemplo”. Ese asesoramiento tampoco se hace extensivo a la defensa en el procedimiento judicial, si lo hubiere. “Para ello”, aclara Gema Mollá, “ayudaríamos e indicaríamos al ciudadano como puede ponerse en contacto con el Turno de Oficio, qué documentación ha de presentar, etcétera. A partir de ahí, es su abogado de oficio el que lo defiende ante los tribunales”. Finalmente, indica que “casi siempre hay solución”. Nos han llegado casos in extremis, con la diligencia de ordenación de abandono de la vivienda. Aquí solicitamos al juzgado un aplazamiento de la fecha de lanzamiento, ganamos tiempo a fin de negociar con la entidad un alquiler social, o buscar cualquier otro tipo de recurso o ayuda en materia de vivienda”.